Cada 4 minutos violan a una mujer en Méx
Cada cuatro minutos, una niña o mujer es violada en México y sólo Morelos, Baja California Sur y el Distrito Federal cuentan con el marco legal y el sistema sanitario necesario para realizar el aborto.
Un estudio realizado por la Organización No Gubernamental (ONG) Human Rights Watch, encontró que por ejemplo, en Yucatán y Guanajuato la víctima debe ser violada en reiteradas ocasiones para que la autoridad castigue el delito.
"El marco legal es deficiente. En varios estados de la república no se penaliza la violencia doméstica, sólo si la mujer ha sido golpeada de manera consecutiva y ha interpuesto denuncia penal", explicó a Crónica Marianne Mollmann, principal investigadora de la ONG.
Al respecto, Aurora del Río, directora adjunta del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud reconoció "que 29 entidades federativas carecen del sistema operativo en hospitales para hacer accesible el aborto legal a mujeres violadas".
Para este problema "desde el año 2000 existe una Norma Oficial Mexicana, sin embargo no se cuenta con el sistema operativo para llevarlo a cabo, desde 2002 se está planeando", abundó la funcionaria de la SSA.
Otra de las deficiencias encontradas en el sistema legal mexicano es que considera que las mujeres de 12 años ya tienen la suficiente edad para consentir una relación sexual, dijo Marianne Mollmann.
"Es difícil que una niña de 12 años tenga conciencia de lo que implica una relación sexual. Y esto lo contemplan legislaciones de 14 estados mexicanos", explicó.
"La situación se agrava cuando las niñas y mujeres que quedan embarazadas como consecuencia de la violación deciden interrumpir su embarazo. Los Agentes del Ministerio Público, los médicos y los trabajadores sociales suelen ignorarlas", señaló.
En ocasiones, dijo la investigadora de Human Rights Watch, "los funcionarios gubernamentales silencian activamente a las víctimas de violaciones mediante insultos y amenazas, en una actitud que demuestra un flagrante desprecio hacia su dignidad humana y sus derechos a no ser discriminadas, a acceder a un juicio justo, a la salud y a la igualdad ante la ley".
La mayor parte de los funcionarios públicos reconoce que los niveles de violencia doméstica y sexual presentan un importante subregistro, y a pesar de ello, "no demuestran interés o preocupación por el hecho de que las estimaciones oficiales sobre los índices de violencia se encuentren tan alejadas de la realidad", admitió Marianne Mollman.
Otro punto, indicó la experta de la ONG, "es que en siete de las 32 jurisdicciones independientes en México no existe ninguna ley específica sobre la prevención y castigo de la violencia doméstica, es decir, siete estados no reconocen la violencia doméstica como un delito".
"De los 25 estados donde sí se penaliza la violencia doméstica, los códigos penales de 15 de ellos exigen que las mujeres hayan sufrido violencia reiterada en la familia para que el hecho califique como delito", abundó.
"En 11 estados la violencia doméstica es considerada como una contravención al código civil estatal, además de un acto delictivo, si bien en siete de estos estados los actos de violencia deben ser también reiterados para ameritar sanciones", dijo.
La encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres 2003 revela que en ese año, el 9.8 por ciento de las mujeres y niñas padeció algún tipo de violencia física infligida por sus maridos o parejas.
Además de las complicadas definiciones legales sobre violencia doméstica que existen en algunos estados, en ciertas ocasiones los funcionarios públicos inventan requisitos adicionales que las víctimas deben cumplir, destaca el informe.
Por ejemplo, en los casos en que la ley requiere que los actos de violencia doméstica sean reiterados, las víctimas deberán presentar —según declaraciones de funcionarios públicos a Human Rights Watch— al menos tres denuncias para que el abuso califique como violencia doméstica.
Tales requisitos, sin embargo, no figuran como condición para aplicar sanciones a los códigos penales estatales ni en los códigos de procedimiento penal de ninguno de los 17 estados donde los códigos penales o civiles exigen que los actos de violencia sean reiterados.
Una de cada dos féminas son víctimas de acoso sexual
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) lanzó una intensa campaña contra el acoso sexual, que se constituye como su segundo problema más grave, después de la violencia. Se calcula que una de cada dos mujeres son víctimas de hostigamiento en sus lugares de trabajo.
Bajo la leyenda de la campaña: "Todo un Sexenio Defendiendo los Derechos de las Mujeres", la titular de Inmujeres, Patricia Espinosa, justificó lo dicho por el presidente Vicente Fox "las lavadoras de dos patas", donde hacía referencia a las amas de casa.
"Quedó muy claro: dijo las familias, nunca dijo las mujeres, pero él mismo reconoció que no fue un dicho adecuado, pidió disculpas. Y yo quiero ver qué otro Presidente ha hecho lo que hizo el presidente Vicente Fox", dijo.
Patricia Espinosa afirmó que la campaña —en la que se invirtieron ocho millones de pesos— es para visualizar el problema grave del acoso sexual, que va "desde una mirada lasciva hasta ofensas y contacto físico".
La presidenta de Inmujeres refirió que el hostigamiento sexual es una expresión más de la violencia e inequidad "que sufren las mujeres". Por ello, llamó a los legisladores a incluir el acoso como delito en la Ley Federal del Trabajo, "sería de suma importancia porque la mujer denunciaría con mayor libertad sin el temor que se quede sin trabajo y con la certeza a que se va a ser justicia".
Y explicó: "La Ley vigente no sanciona, define lo que es el acoso, pero realmente consideramos que las penas son muy bajas, las cuales van de tres días hasta siete años de cárcel".
La funcionaria dijo que el hostigamiento sexual es un problema social que "debemos afrontar como país para progresar en la lucha por la igualdad de los géneros y ante todo en la lucha por los derechos humanos". Sin embargo, reconoció que los hombres también sufren este tipo de hostigamiento.
http://www.cronica.com.mx
Saludos Cordiales
Dr. José Manuel Ferrer Guerra
Un estudio realizado por la Organización No Gubernamental (ONG) Human Rights Watch, encontró que por ejemplo, en Yucatán y Guanajuato la víctima debe ser violada en reiteradas ocasiones para que la autoridad castigue el delito.
"El marco legal es deficiente. En varios estados de la república no se penaliza la violencia doméstica, sólo si la mujer ha sido golpeada de manera consecutiva y ha interpuesto denuncia penal", explicó a Crónica Marianne Mollmann, principal investigadora de la ONG.
Al respecto, Aurora del Río, directora adjunta del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud reconoció "que 29 entidades federativas carecen del sistema operativo en hospitales para hacer accesible el aborto legal a mujeres violadas".
Para este problema "desde el año 2000 existe una Norma Oficial Mexicana, sin embargo no se cuenta con el sistema operativo para llevarlo a cabo, desde 2002 se está planeando", abundó la funcionaria de la SSA.
Otra de las deficiencias encontradas en el sistema legal mexicano es que considera que las mujeres de 12 años ya tienen la suficiente edad para consentir una relación sexual, dijo Marianne Mollmann.
"Es difícil que una niña de 12 años tenga conciencia de lo que implica una relación sexual. Y esto lo contemplan legislaciones de 14 estados mexicanos", explicó.
"La situación se agrava cuando las niñas y mujeres que quedan embarazadas como consecuencia de la violación deciden interrumpir su embarazo. Los Agentes del Ministerio Público, los médicos y los trabajadores sociales suelen ignorarlas", señaló.
En ocasiones, dijo la investigadora de Human Rights Watch, "los funcionarios gubernamentales silencian activamente a las víctimas de violaciones mediante insultos y amenazas, en una actitud que demuestra un flagrante desprecio hacia su dignidad humana y sus derechos a no ser discriminadas, a acceder a un juicio justo, a la salud y a la igualdad ante la ley".
La mayor parte de los funcionarios públicos reconoce que los niveles de violencia doméstica y sexual presentan un importante subregistro, y a pesar de ello, "no demuestran interés o preocupación por el hecho de que las estimaciones oficiales sobre los índices de violencia se encuentren tan alejadas de la realidad", admitió Marianne Mollman.
Otro punto, indicó la experta de la ONG, "es que en siete de las 32 jurisdicciones independientes en México no existe ninguna ley específica sobre la prevención y castigo de la violencia doméstica, es decir, siete estados no reconocen la violencia doméstica como un delito".
"De los 25 estados donde sí se penaliza la violencia doméstica, los códigos penales de 15 de ellos exigen que las mujeres hayan sufrido violencia reiterada en la familia para que el hecho califique como delito", abundó.
"En 11 estados la violencia doméstica es considerada como una contravención al código civil estatal, además de un acto delictivo, si bien en siete de estos estados los actos de violencia deben ser también reiterados para ameritar sanciones", dijo.
La encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres 2003 revela que en ese año, el 9.8 por ciento de las mujeres y niñas padeció algún tipo de violencia física infligida por sus maridos o parejas.
Además de las complicadas definiciones legales sobre violencia doméstica que existen en algunos estados, en ciertas ocasiones los funcionarios públicos inventan requisitos adicionales que las víctimas deben cumplir, destaca el informe.
Por ejemplo, en los casos en que la ley requiere que los actos de violencia doméstica sean reiterados, las víctimas deberán presentar —según declaraciones de funcionarios públicos a Human Rights Watch— al menos tres denuncias para que el abuso califique como violencia doméstica.
Tales requisitos, sin embargo, no figuran como condición para aplicar sanciones a los códigos penales estatales ni en los códigos de procedimiento penal de ninguno de los 17 estados donde los códigos penales o civiles exigen que los actos de violencia sean reiterados.
Una de cada dos féminas son víctimas de acoso sexual
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) lanzó una intensa campaña contra el acoso sexual, que se constituye como su segundo problema más grave, después de la violencia. Se calcula que una de cada dos mujeres son víctimas de hostigamiento en sus lugares de trabajo.
Bajo la leyenda de la campaña: "Todo un Sexenio Defendiendo los Derechos de las Mujeres", la titular de Inmujeres, Patricia Espinosa, justificó lo dicho por el presidente Vicente Fox "las lavadoras de dos patas", donde hacía referencia a las amas de casa.
"Quedó muy claro: dijo las familias, nunca dijo las mujeres, pero él mismo reconoció que no fue un dicho adecuado, pidió disculpas. Y yo quiero ver qué otro Presidente ha hecho lo que hizo el presidente Vicente Fox", dijo.
Patricia Espinosa afirmó que la campaña —en la que se invirtieron ocho millones de pesos— es para visualizar el problema grave del acoso sexual, que va "desde una mirada lasciva hasta ofensas y contacto físico".
La presidenta de Inmujeres refirió que el hostigamiento sexual es una expresión más de la violencia e inequidad "que sufren las mujeres". Por ello, llamó a los legisladores a incluir el acoso como delito en la Ley Federal del Trabajo, "sería de suma importancia porque la mujer denunciaría con mayor libertad sin el temor que se quede sin trabajo y con la certeza a que se va a ser justicia".
Y explicó: "La Ley vigente no sanciona, define lo que es el acoso, pero realmente consideramos que las penas son muy bajas, las cuales van de tres días hasta siete años de cárcel".
La funcionaria dijo que el hostigamiento sexual es un problema social que "debemos afrontar como país para progresar en la lucha por la igualdad de los géneros y ante todo en la lucha por los derechos humanos". Sin embargo, reconoció que los hombres también sufren este tipo de hostigamiento.
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Saludos Cordiales
Dr. José Manuel Ferrer Guerra
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